Finalizó satisfactoriamente el Acuerdo de Solución Amistosa por el caso Olga Díaz

El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer informó del cabal cumplimiento del Acuerdo de Solución Amistosa entre el Estado nacional y la señora Olga del Rosario Díaz, por la violencia sufrida en razón de género y la falta de respuesta institucional debido a estereotipos arraigados en las prácticas judiciales.

El comité indicó que tanto el Estado argentino como la parte autora consideraron satisfactoria su implementación. En virtud de ello, el comité decidió poner fin al trámite y archivar la comunicación.

La OM cumplimentó las obligaciones asumidas como medidas de no repetición a su cargo, que consistían en brindar capacitación sobre debida diligencia reforzada para prevenir, investigar y sancionar la violencia de género y en elaborar un documento. Con el título “Principios generales de actuación en casos de violencia doméstica contra las mujeres para la adecuada implementación de la Ley 26485”, el documento fue difundido en todo el país.

Las capacitaciones fueron desarrolladas en la Justicia nacional civil con competencia en familia y en el fuero criminal y correccional, a través del formato virtual para empleadas y empleados e integrantes del funcionariado y de la magistratura, mientras que magistradas y magistrados participaron en forma presencial, en una jornada sobre “Estrategias para garantizar el acceso a justicia. Modelo de atención para abordar casos de violencia doméstica”, del que participaron juezas y funcionarias de la Justicia de la Nación y de las provincias de Córdoba y Jujuy, e integrantes de organizaciones de la sociedad civil (Cerrando Brechas, Comisión Argentina para Refugiados y Migrantes—CAREF—, Fundación Siglo XXI, Fundación Mujeres en Igualdad —m.e.I—, y Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer —FEM—). Este último evento contó con la presencia de la Sra. Olga Díaz.

La Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) publicó un comunicado de prensa que declaró la total implementación del acuerdo por parte de la Argentina, y destaca “los esfuerzos del Estado por reparar a las víctimas de violencia doméstica y establecer medidas de prevención de futuros actos de violencia y discriminación de género contra mujeres y niñas”.

El organismo también aplaudió a nuestro país “por reconocer públicamente la responsabilidad internacional y pedir disculpas a la Sra. Olga del Rosario Díaz, por la violación de sus derechos”. (ver comunicado del comité)

El caso Olga Díaz

La Comunicación n.° 127/2018 del Registro del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de Naciones Unidas se originó en una denuncia interpuesta por la Defensoría General de la Nación, en representación de Olga del Rosario Díaz, quien fue víctima de violencia de género.

El 24 de marzo de 2017 sufrió un intento de femicidio por parte de su ex pareja, Luis Rolando Palavecino, quien fue condenado por ese hecho a la pena de 20 años de prisión. Previo a ello, la señora Díaz había realizado una denuncia ante la Oficina de Violencia Doméstica (OVD), luego se inició un proceso judicial civil y otro penal, en el que no se adoptaron medidas de protección de manera oportuna y efectiva para prevenir el hecho. Por eso, la peticionaria denunció al Estado ante el Comité. En particular, alegó la violación de los artículos 1, 2, 16 y 5.a de la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW).

El reclamo dejó a salvo la actuación de la Oficina de Violencia Doméstica, dado que la afectada señaló que fue el único lugar donde se la atendió de manera correcta. 

Ante el reclamo, el Estado argentino inició un proceso de diálogo que culminó en un acuerdo de solución amistosa. Por el Estado, participaron autoridades de la Dirección Nacional de Asuntos Jurídicos Internacionales en Materia de Derechos Humanos de la entonces Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural, de la Dirección Nacional de Asistencia a las Víctimas de la Subsecretaría de Acceso a la Justicia, ambas dependientes del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, de la Dirección de Contencioso Internacional en materia de Derechos Humanos del entonces Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, de la Dirección Nacional de Protección Integral y Articulación de Acciones Directas del entonces Instituto Nacional de las Mujeres (INAM), de la Superintendencia de Violencia Familiar y de Género de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires y del Consejo de la Magistratura de la Nación. Por la función que cumple, se incluyó a la Oficina de la Mujer para que, como medidas de no repetición, dictara las capacitaciones y elaborara el documento citado.

Mediante Decreto Nacional 679/2020, el 17 de agosto de 2020 se aprobó el acuerdo.